Inmigración ¿Legal o ilegal?

 Los ocho millones de ilegales que viven en la Unión Europea (UE) están desde el pasado 18 de mayo más cerca de la expulsión, después de que las autoridades comunitarias avalaran una medida sobre esta cuestión.

Se trata de la llamada "Directiva de Retorno", y su fin es armonizar o unificar los métodos de repatriación de inmigrantes irregulares en los 27 estados miembros.

Aunque la nueva directiva asegura que tendrá en cuenta en todo momento el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afectadas, ya se han disparado alarmas entre las organizaciones que velan por estos derechos.

En especial porque la medida establece que los inmigrantes expulsados no puedan volver a ese país ni a ninguno de la UE durante cinco años, ampliables si el "ilegal" representa una amenaza para un estado miembro. Y que los solicitantes de asilo y los menores no acompañados también puedan ser detenidos y expulsados, si bien con garantías de ser entregados a alguien de su familia o responsable de su tutela en su país de origen.

Por todo ello, opinan las ONGs, que las condiciones de los sin papeles se volverán más duras de lo que ya son en Europa. Para el eurodiputado del grupo de los Verdes, Raúl Romeva, "esta directiva da carta blanca a la vulneración de los derechos humanos".

Por su parte, SOS Racismo señala que "se está proponiendo aumentar el encierro de los y las inmigrantes en centros que han sido repetidamente denunciados por el incumplimiento de sus condiciones de salubridad, maltrato a las personas internas, y falta de transparencia de criterios claros de regulación de funcionamiento y de información".

El tiempo que los inmigrantes ilegales pueden estar detenidos en centros especiales puede ser desde 32 días a 20 meses, dependiendo del país en el que se encuentren. Pero con la nueva directiva, a la que los embajadores de la UE dieron el visto bueno, fijaría un período de detención de máximo seis meses, aunque ampliable a 18.

Aunque hay un preacuerdo entre las tres instituciones decisorias de la UE -Consejo, Comisión y Parlamento- a este texto todavía la falta camino por recorrer. De pasar todos los trámites necesarios, su entrada en vigor sería en 2010.

 Latinoamérica:

Una vez conocida la decisión del Parlamento Europeo, la respuesta de Latinoamérica no se hizo esperar, y censuró de forma unánime la directiva de retorno de inmigrantes ilegales aprobada por el Parlamento Europeo, que algunos gobiernos calificaron de "vergonzosa", porque viola el derecho a la libre circulación y equipara a los afectados con criminales. Los suramericanos han creado un fuerte común de defensa y durante la XXXV Cumbre del MERCOSUR en Tucumán, Argentina, expresaron una resolución conjunta de rechazo a la Directiva de Retorno.

"Es una vergüenza lo que ha hecho Europa", denunció el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y se preguntó: "¿Qué habría pasado si América Latina hubiera adoptado esa directiva con los españoles que tuvieron que salir forzosamente de su país? ¿Se imaginan cuánto sufrimiento habría causado?".

El vicecanciller boliviano, Hugo Fernández, afirmó que el Gobierno de su país estudiará los alcances de la directriz para decidir cómo enfrentarla "de manera legal".

Hace algunos días, el presidente boliviano, Evo Morales, había bautizado el proyecto de la UE como la "directiva de la vergüenza" y planteó incluso la posibilidad de exigir visado a los europeos en reciprocidad, aunque Fernández se mostró partidario de no tomar decisiones apresuradas.

El Senado de Uruguay también rechazó la norma comunitaria, anunció que llevará a las Naciones Unidas su repudio e invitó a los parlamentos y gobiernos latinoamericanos a "tomar las medidas correspondientes desde el punto de vista del derecho internacional".

La cancillería paraguaya emitió un comunicado en el que expresó "su decepción por la medida", que consideró una "incongruencia en las intensas relaciones migratorias que los países de Europa y de América Latina han sabido desarrollar a lo largo de siglos de vinculación histórica".

El Ministerio de Exteriores de Brasil lamentó la determinación de la UE porque cree que siembra "una percepción negativa de la migración" y, además, va contra "una deseada reducción de trabas a la libre circulación de personas y una más amplia y plena convivencia entre los pueblos".

El Gobierno de Argentina recordó que migrar "no es un delito", en una nota de la Cancillería en la que además "rechaza el uso de conceptos tales como migración legal e ilegal".

El vicecanciller de El Salvador, Eduardo Cálix, dijo que los países centroamericanos buscarán, en el marco del Acuerdo de Asociación que negocian con la UE, un trato "preferencial" para sus inmigrantes, pese a la directriz.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez amenazó con no enviar más petróleo a los países europeos que decidan  aplicar la ley sobre la expulsión de indocumentados aprobada por  el Europarlamento.

El mandatario aseguró además que de igual manera que Europa  decide devolver a sus países de origen a los indocumentados, los países  latinoamericanos también podrían decidir "el retorno de las inversiones  europeas".

Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, José Antonio García Belaúnde, afirmó que la decisión del Parlamento Europeo (PE) es "discriminatoria" y "debe ser revisada".